El Gobierno aprobó el martes 2 de junio el Proyecto de Ley de acogida a las personas inmigradas y devueltas a Cataluña.

Según ha declarado a la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, se trata de un "servicio universal de acogida" dirigido a todas las personas inmigradas que estén empadronadas en Cataluña o que acrediten un mínimo de 90 días de residencia. La futura Ley establece el catalán como lengua común y vehicular en los procesos de acogida, tal como establece el Pacto Nacional para la Inmigración.La futura ley establece un servicio de primera acogida a través de los entes locales que será homogéneo, y que incluirá una entrevista con un agente de acogida, información y formación sobre la sociedad catalana, el mercado laboral, el derecho de extranjería y la lengua. El aprovechamiento de los cursos se determinará mediante una acreditación que se obtendrá después de la asistencia continuada a las clases y que tiene que servir para la inserción laboral de las personas inmigradas. La consejera Capdevila también ha anunciado que el Gobierno intentará llegar a acuerdos con la Administración del Estado a fin de que las certificaciones del servicio tengan efecto en los procedimientos de extranjería, tal como reclama el Pacto Nacional para la Inmigración.La futura Ley establece el catalán como lengua común y vehicular en el proceso de acogida y refuerza el aprendizaje de la lengua, en la línea de las medidas establecidas en el Pacto Nacional para la Inmigración. Concretamente, el Proyecto de Ley contempla ofrecer, desde ahora hasta el 2015, más de 11. 700 nuevos cursos iniciales o básicos de catalán que se integrarán en la oferta actual, y que implicarán un incremento muy importante respecto de los que se ofrecen ahora.El nuevo texto sitúa Cataluña como región europea de referencia en el acogimiento de recién llegados ya que es la primera comunidad en el Estado y en el Sur de Europa al impulsar una normativa así. La Ley, que se desplegará de manera progresiva hasta el 2015, se ha elaborado "recogiendo años de buenas praxis del mundo local y con su participación y el de las entidades que trabajan", ha destacado Capdevila. La previsión presupuestaria de la Ley se incrementará en función de los consistorios que vayan ofreciendo el servicio y prevé que haya servicios de acogida a la totalidad de los municipios catalanes con más de 20.000 habitantes. Así, está previsto que inicialmente, al segundo año de la Ley, el servicios se extienda en 32 municipios, hasta llegar a los 101 entes locales al finalizar su despliegue, en el 2015.