La Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes denuncia el recorte de los derechos del nuevo Proyecto de Ley de Extranjería.

Se debate en las Corts españolas el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, conocida como Ley de Extranjería.En los últimos meses, agentes y entidades sociales, asociaciones e incluso organismos de la Administración del Estado han alertado de los errores y defectos de esta reforma, algunos de los cuales se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el Proyecto de Ley que actualmente se debate.La Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes celebramos algunas de las mejoras que se han introducido, pero queremos poner de manifiesto que en determinados puntos hay un retroceso en derechos.1. Acceso al empadronamientoEl Proyecto de Ley establece que tendrán acceso al padrón municipal aquellas personas en situación de estancia o residencia legal en España, con lo cual todos los extranjeros irregulares no podrán acceder. Esta exclusión puede obstaculizar gravemente el acceso a una serie de derechos básicos que van vinculados al empadronamiento, como son el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación y a las prestaciones sociales básicas.Por otra parte, esta restricción afectará también a las administraciones locales y autonómicas, que verán cómo crece su población real y, por lo tanto, su necesidad de recursos, pero no su población oficial. Además, se desvirtúa así el objetivo del empadronamiento, que no es otro que el de dejar constancia de las personas que viven en el municipio, tal como dice la Ley de Bases de Régimen Local.2. Alargamiento del periodo máximo de internamientoEn cuanto al periodo máximo de internamiento, queremos manifestar el desacuerdo con la ampliación de 40 a 60 días del periodo de internamiento, así como con la posibilidad de prorrogarlo en determinados casos, ya que consideramos que alargar la duración máxima actual resulta una medida absolutamente desproporcionada, visto el gran sufrimiento humano que comporta la privación de libertad, y más teniendo en cuenta la falta de garantías del procedimiento así como|cómo las inadecuadas condiciones existentes en los centros de internamiento.3. Sanciones a la hospitalidadConsideramos positivo que el nuevo Proyecto de Ley no castigue las entidades que dan soporte a los inmigrantes en situación irregular, pero entendemos que sigue penalizando la solidaridad individual y la hospitalidad, ya que sanciona con multas que pueden llegar hasta 10.000 euros a la persona que tiene a cargo un extranjero, al cual invitó mediante una carta de invitación, una vez ha pasado el tiempo de estancia regular en España. Por otra parte, nos parece inadmisible que se siga sancionando con la misma multa el empadronamiento de un extranjero en un domicilio no habitual.Con respecto al derecho a reagrupar los ascendientes, entendemos que el Proyecto de Ley sigue siendo excesivamente restrictivo, porque sólo permite reagrupar los ascendientes menores de 65 años cuando concurran razones de carácter humanitario y tan sólo cuando| el reagrupando lleve más de 5 años viviendo de forma regular en España, mientras que la normativa europea establece que al reagrupando no se le puede exigir más de 2 años de residencia legal en el país.4. Antes extranjero que menorLa Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes considera que el Proyecto de Ley sigue incorporando de forma incorrecta los criterios del Tribunal Constitucional, en relación en el trato a los menores inmigrantes no acompañados, a quién considera extranjeros muy por encima de su condición de personas menores de edad a quienes hay que proteger.5. Discriminación en el acceso a la formaciónCon respecto al derecho a la educación, el Proyecto de Ley ha modificado la redacción de los anteriores anteproyectos, pero sigue incorporando incorrectamente los criterios del Tribunal Constitucional, ya que establece nuevamente que sólo los extranjeros mayores de 18 años, con residencia legal en España, tienen el derecho a acceder a las etapas educativas postobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles, cuándo el Tribunal Constitucional considera que este derecho corresponde a todas las personas independientemente de su situación administrativa.En consecuencia, las entidades cristianas que acogemos personas procedentes de países extranjeros rechazamos sin paliativos los artículos citados denunciando el recorte de derechos que suponen y pedimos a los partidos políticos que enmienden este Proyecto de Ley durante su proceso de discusión en las Cortes.