Reflexiones alrededor de la propuesta anti-inmigrante del Ayuntamiento de Vic

"Bienvenidos al club de los xenófobos". Esta frase, con la que Josep Anglada, líder de Plataforma por Catalunya, celebró la propuesta del tripartit que gobierna el ayuntamiento de Vic (CIU, PSC, ERC), de negar el empadronamiento a la ciudad a las personas sin permiso de residencia, resume mejor que ninguna otra cosa, el despropósito, la irresponsabilidad y el peligroso oportunismo político de tal medida. "El alcalde ha dicho que soy un demagogo y populista por defender lo que ahora propone. Bien, entonces, él se está comportando ahora como demagogo y populista", añade el ex-dirigente de la ultraderechista Fuerza Nueva, quien se muestra estos días exultante al constatar que ha conseguido atraer a su redil a los "demócratas" del tripartit, y al ver como el eco mediático hace crecer su perfil y las posibilidades de éxito electoral de su xenófoba Plataforma. Por el momento, las denuncias de diferentes entidades y grupos, sobre la ilegalidad de tal medida, la flagrante violación que supone a los derechos humanos de las personas afectadas, y los "daños colaterales" que puede suponer para las localidades vecinas (más que las tíbias declaraciones de las direcciones de sus respectivos partidos), han conseguido paralizar momentáneamente la puesta en marcha de tal medida, aunque el alcalde ha anunciado con rotundidad que inmediatamente que los servicios jurídicos de la alcaldía confirmen la validez de su posición, amparándose en la presunta ambigüedad de la ley, la pondrán en marcha. Quizás es que no se trata de un simple y populista gesto electoral, quizás es que realmente, como lo señala la frase del señor Anglada, es que han salido del armario xenófobo. La propuesta del tripartit de Vic es un paso atrás en las conquistas de los derechos humanos y un paso adelante de la extrema derecha. Debemos continuar movilizándonos por evitar que finalmente se materialice. Y lo debemos hacer presionando también a la Administración y exigiéndole que asuma sus responsabilidades. Es intolerable e indignante, que el máximo responsable del Gobierno en estos temas, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho -que tendría que estar obligado a instar a la Fiscalía a iniciar actuaciones contra los ediles que violen la ley, y a utilizar todos los resortes democráticos e institucionales que dispone para hacer que se cumpla la legalidad-, se limite, sin enrojecerse, a aconsejar a los afectados a acudir al Defensor del Pueblo.